Revista  Electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad

RESUMEN

La abolición total de la pena de muerte supone un desafío para la comunidad internacional actual. A pesar de los avances que se han producido en esta materia, resultado de la evolución hacia un fortalecimiento de la protección de los derechos humanos, no existe un acuerdo global sobre la abolición de la pena de muerte. Estados relevantes de la escena internacional mantienen la pena de muerte y no son pocos los casos en los que impone esta pena. Los progresos más significativos hacia la abolición han tenido lugar en el marco regional. En particular, en los continentes europeos y americanos con la creación de organizaciones internacionales especializadas en materia de derechos humanos. El trabajo tiene como principal objetivo señalar los aspectos que definen al sistema interamericano en relación con la pena de muerte y la situación en la que se encuentran los Estados que integran este sistema, examinando la situación normativa y las posturas de los órganos de protección de los derechos humanos.

PALABRAS CLAVE

Derechos humanos. Sistema interamericano. Corte interamericana. Derecho a la vida. Pena de muerte.

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La doctrina internacionalista más reciente apunta, en la definición del Derecho Internacional Público, la doble dimensión del orden internacional, por un lado la comunidad internacional compuesta de Estados soberanos, y por otro, la comunidad internacional como grupo social universal con intereses fundamentales propios. El presente trabajo pretende analizar la doble dimensión que guarda el orden internacional desde el replanteamiento de la idea clásica de soberanía en su relación con la globalización, desde su alojamiento en un Derecho Penal Internacional pensado como sistema, en el que resalta -como eje transversal hipotético- bienes vitales, y la posible existencia de un democracia cosmopolita ordenadora de las ideas que orbitan al orden internacional en su doble dimensión.

PALABRAS CLAVE

Orden internacional, soberanía, globalización, bienes vitales, democracia cosmopolita.

RESUMEN

Las últimas reformas penales, especialmente la del año 2015, plantean importantes modificaciones en materia de terrorismo, y el delito de autoadoctrinamiento terrorista del artículo 575 del Código Penal es un ejemplo de ello. En este estudio se aborda como a partir de los atentados de 2001 se desarrolla una política criminal preventiva, expansionista y simbólica que incorpora tipos penales que adelantan la barrera de protección penal a fases protopreparatorias, con el riesgo que conlleva para derechos fundamentales como la libertad ideológica o el derecho a expresar y difundir libremente el pensamiento, ambos protegidos por la Constitución Española. En este sentido, la prospección al hecho futuro, la imposición de penas desproporcionalmente altas y la criminalización del pensamiento del autor, entre otras, son características típicas de un Derecho penal del enemigo que dinamita algunas de las principales conquistas logradas.

PALABRAS CLAVE

Terrorismo, derechos humanos, política criminal, reformas penales, derecho penal del enemigo.

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El terrorismo constituye uno de los problemas más graves que afectan a la sociedad actual, no obstante, la forma de abordar la cuestión ha conducido en demasiadas ocasiones a viola­ciones masivas de derechos humanos y al recorte exagerado de libertades en pro de la seguridad, y, precisamente por ello se hace necesaria una aproximación desde Derecho constitucional (concretamente de la dogmática de los derechos fundamentales) al Derecho penal antiterrorista.

PALABRAS CLAVE

Terrorismo, derechos fundamentales, limitación de derechos, control de constitucionalidad, principio de proporcionalidad

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El tráfico de armas es un fenómeno criminal en expansión mediante el que se obtienen cuantiosas ganancias. Se estima que esta práctica ilegal mueve entre 1.400 y 3.000 millones de euros al año en todo el mundo. Sobre esta premisa, en el presente trabajo se analiza, específicamente, la respuesta penal frente a dicho beneficio económico. El objetivo principal es comprobar si las consecuencias jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico-penal español para sancionar el tráfico de armas previsto en el artículo 566 del Código penal resultan eficaces para su prevención. Con esta finalidad, analizaremos el papel que se ha adjudicado en este ámbito a la responsabilidad civil, al decomiso de ganancias y, finalmente, a la pena de multa proporcional.

PALABRAS CLAVE

Tráfico de armas.- Ganancias ilícitas.- Decomiso de ganancias.- Responsabilidad civil.- Pena de multa proporcional.

RESUMEN

La Justicia Transicional se ha tornado en el mecanismo más eficiente para reinstaurar la paz y democracia, dentro de un Estado conflictivo o dictatorial, por lo que con este estudio se pretende mostrar como la justicia transicional no siempre tiene una aplicación y resultados similares, al contrario, su fin depende de cómo, dónde y porqué se lo aplica. Para complementar lo manifestado, se ha tomado en cuenta las experiencias transicionales de España y las de Comunidad Andina, especialmente la aplicación de los estándares que la componen, tales como verdad, reparación y garantías de no repetición. Finalmente se llega a concluir que no en todos los casos la justicia transicional llegó a cumplir su fin y en otros aún trata de hacerlo sin que sea fructífero su desarrollo, sin duda alguna, se evidencia que el desarrollo de la justicia transicional es visible y cada vez más garantista de los derechos humanos.

PALABRAS CLAVE

Justicia, estándares, democracia, paz, conflicto.

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Boko Haram suele ser reconocida en el panorama internacional como una organización terrorista. Sin embargo, desde 2013, la Corte Penal Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU han considerado la situación en Nigeria como un conflicto armado no internacional, protagonizado por las Fuerzas Armadas de Nigeria y el resto de los grupos armados presentes en el país. Siguiente esta senda, en 2016, la ONU expresó su preocupación sobre las acciones cometidas por los mismos, pues podían conformar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. No obstante, al mismo tiempo, la propia ONU y otras organizaciones internacionales hacían referencia a los ataques de Boko Haram como terroristas. Y la clasificación de estos actos no es cuestión baladí: si son considerados crímenes de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional podría tener jurisdicción sobre los mismos. Y esa no es la única consecuencia: un gran número de países cuenta con medidas específicas para el caso de los delitos de terrorismo; los crímenes de lesa humanidad suelen ser tratados como crímenes imprescriptibles, etc. El presente artículo estudia la polémica situación de esta organización, en orden a separar ambos delitos y proveer una mejor respuesta político-criminal.

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Mediante este trabajo se pretende llevar a cabo la reformulación de una idea, como es la selección de raza, tomando como hilo conductor la aplicación de la biotecnología.

Para ello, y analizando el empleo de la biotecnología a tres ámbitos, como son el desarrollo de la medicina, la agroalimentaria y la centrada en los ecosistemas y el medio ambiente, se planteará si esta conduce a la selección de raza, entendida esta con respecto al mundo animal y vegetal y la prohibición de su práctica con respecto al ser humano.

PALABRAS CLAVE

Manipulación genética, biodiversidad, recursos genéticos, pueblos indígenas y diversidad genética.

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El proceso para la creación de una Corte Penal Internacional fue largo y complejo, la posibilidad de enjuiciar crímenes internacionales ha sido un deber y a la vez una quimera para la comunidad internacional cada vez que las circunstancias han puesto de manifiesto la necesidad de actuación global frente a acciones más que reprochables. El Estatuto de Roma supone la materialización de ese objetivo, sin embargo, no son pocos los obstáculos que encuentra a la hora de activar su aplicación, uno de los más polémicos es el principio de inmunidad de jefes de Estado del Derecho Internacional, que a pesar de estar exceptuado conforme el art. 27 del Estatuto, la experiencia nos demuestra que ha supuesto un verdadero óbice para el enjuiciamiento de estos altos cargos.

PALABRAS CLAVE

Estatuto de Roma, principio de inmunidad, Derecho Penal Internacional, responsabilidad penal internacional, crímenes internacionales

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En los últimos años se han producido desplazamientos masivos de población y el aumento del número de llegadas de personas a la Unión Europea en búsqueda de asilo y refugio, poniendo de manifiesto la necesidad de ofrecer una respuesta eficiente a las crisis humanitarias.

En la actualidad, respecto a la elaboración de las políticas migratorias existen dos posiciones antagónicas, parte de ciertos sectores apuesta por la abolición de las restricciones de acceso a la UE en caso de asilo o refugio mientras que una parte mayoritaria, apuesta por un control absoluto de fronteras junto al cierre hermético de las mismas.

Existe una interconexión entre el fenómeno del refugio, la elaboración de políticas migratorias y la intervención del Derecho Penal con la tipificación de ciertas conductas como el artículo 318 CP; que es preciso analizar y estudiar las consecuencias respecto a la vulneración de la protección de los derechos de los refugiados.

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En esta investigación se pretende conocer las características de los sujetos españoles y británicos que reclaman respuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por entender que han sido torturados o tratados degradantemente, es decir, por posible vulneración del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Una visión criminológica debe apostar por escuchar los problemas a los que se ven abocados algunos sujetos que, habiendo agotado las instancias judiciales nacionales, entienden que su voz ha de ser oída por instituciones internacionales. De hecho la muestra seleccionada incorpora supuestos de vulneración y supuestos de mera admisibilidad. En este estudio se lleva a cabo un análisis jurisprudencial realizado con plantillas de recogida ad hoc estandarizadas, lo que permite, por un lado, valorar la casuística y, por otro, disponer de un elemento uniforme que permita la comparación.

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En la presente investigación, la autora realiza un análisis del contexto en el cual se desarrolló el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc y su posterior implementación en el país, asimismo, continua con el estudio de la muerte de los líderes sociales y los ex combatientes de las FARC en el país, sus características y similitudes, en el mismo orden prosigue con la indagación de la postura nacional e internacional frente a la condición de vulnerabilidad de los líderes sociales en el territorio colombiano, para finalmente plantear sus conclusiones frente al tema abordado.

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Las siguientes líneas persiguen un objetivo muy concreto: poner en cuestión uno de los modos de aproximación a la garantía criminal que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha llevado a cabo. La jurisprudencia del alto tribunal en su examen del principio de legalidad penal ha otorgado un peso importante al concepto normativo «previsibilidad». Tanto, que la conformidad o violación del Convenio se ha llegado a sustentar en esta categoría. Ahora bien, algunos de los requisitos que se subsumen en este concepto normativo distan de satisfacer el contenido garantista tradicionalmente atribuido al mismo. Una comparación de los asuntos Kononov c. Letonia y Vasiliauskas c. Lituania permite poner de manifiesto esta divergencia de razonamientos.

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El fenómeno de los criptoactivos ha tenido una gran evolución en estos últimos años, implementando un método de cambio que ofrece un elevado grado de anonimato a sus usuarios y se convierte, así, en el instrumento idóneo para disimular el valor objeto de las transacciones e introducir en el mercado financiero provechos obtenidos ilícitamente. Teniendo en cuenta que la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo constituye un reto crucial para los legisladores internacionales y nacionales, se hace imprescindible su intervención dirigida a dotar a este nuevo fenómeno de una regulación específica, que desincentive a los delincuentes de recurrir a las monedas virtuales para conseguir sus fines delictivos. Ello implicará la adopción de nuevas medidas de control sobre las transacciones financieras y la atribución de mayores poderes a las Unidades de Información Financiera, debiendo, los legisladores, evitar caer en recortes de derechos y libertades de los ciudadanos.

PALABRAS CLAVE

Criptomonedas, Blanqueo de capitales, Financiación del Terrorismo, España, Italia

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El autor critica la actual aplicación de la resocialización mediante educación y trabajo como el fin de la pena hacia los delincuentes que denomina “supersocializados”, señalando que estos, al tener un alto grado de estudios y destacadas profesiones, no necesitan este tipo de ejecución de la pena, sino que, al presentar características egocéntricas y poca empatía para con el resto de la sociedad, requieren que la finalidad de la pena en ellos pretenda dotarlos de responsabilidad y compromiso con la sociedad, por lo que plantea la “responsabilidad penal solidaria” como el fin preventivo especial para con ellos.

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La responsabilidad de las empresas por las violaciones de los derechos humanos en el extranjero ha sido objeto de debate desde hace algún tiempo. Ha habido repetidos intentos de hacer responsables a las empresas de las violaciones (supuestas o reales) de los derechos humanos en especial en la infraestructura de sus proveedores mediante el endurecimiento de las normas de responsabilidad. A continuación, se esbozan las consecuencias jurídicas y prácticas que son cuestionables, así como los retos globales y desafíos pendientes referentes a la responsabilidad de la empresa, al derecho penal empresarial y su vinculación a los derechos humanos.

PALABRAS CLAVE

Derecho penal empresarial, derechos humanos, responsabilidad penal de la empresa

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En cualquier política criminal, la voluntad de erradicar la comisión del ilícito penal debe ser clara por parte del Estado y no generar dudas en su aplicación práctica si se quiere alcanzar una eficacia real.

Para comprobar si parte de la política criminal relativa al delito fiscal es efectiva, el estudio que aquí se presenta pretende analizar la eficacia de la persecución de este tipo penal por parte de la AEAT.

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La delincuencia laboral es un ámbito poco estudiado desde la óptica criminológica. Sin embargo, la complejidad del fenómeno y la relevancia social del trabajo justifica una perspectiva empírica que analice las causas de este tipo de delincuencia y evalúe la política criminal que se ha venido desarrollando.

La entrevista, como herramienta de investigación social, te permite acercarte a la mirada de los implicados en el fenómeno que pretendes examinar y evaluar. Nos pusimos en contacto con las organizaciones sindicales y nos entrevistarnos con el secretario general. En las entrevistas realizadas se identifican varios factores que generan una especial vulnerabilidad del trabajador en el mercado laboral. Algunas de las conclusiones van referidas a la indefensión de la clase trabajadora, o la crisis del sindicalismo y como estos factores agudizan determinadas situaciones de abuso y precariedad.

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La responsabilidad penal de las personas jurídicas fue incorporada en el ordenamiento costarricense el 10 de junio de 2019 mediante la ley de “Responsabilidad de las Personas Jurídicas Sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y Otros Delitos”, ley 9699. Pese a los grandes cambios que ha introducido esa ley en el ordenamiento costarricense, el análisis critico de esta ha sido casi nulo. Resulta importante identificar los aciertos y desaciertos de una ley con tan grandes consecuencias, lo anterior con el objetivo de sugerir posibles mejoras a la ley existente.

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En la lucha por combatir comportamientos delictivos vinculados con la corrupción pública el legislador español en los últimos años ha modificado los tipos penales relativos al delito de cohecho, un ilícito penal esencial en la represión de este tipo de conductas. Sin embargo, estos cambios han originado importantes problemas dogmáticos a la hora de aplicar esta figura delictiva, siendo uno de los más relevantes el relativo a la problemática concursal.

Así, este trabajo de investigación pretende delimitar, en primer lugar, específicos comportamientos delictivos que pueden dar lugar a situaciones de concurrencia delictiva entre el delito de cohecho y otros delitos vinculados a la corrupción pública como son los delitos de tráfico de influencias, malversación de patrimonio público y financiación ilegal de partidos políticos. Además, finalmente, también se estudiarán bajo que requisitos entre estos delitos podrían darse situaciones concursales que sean directamente atribuibles a una persona jurídica.

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Inicialmente irrelevante para el Derecho Internacional clásico, el control de las empresas transnacionales desde la sociedad internacional comenzó a cobrar importancia desde la década del sesenta del pasado siglo. Ello se expresó en el trabajo de la ONU, y otras organizaciones internacionales como la OCDE y la OIT, que dieron luz a instrumentos no vinculantes y fuertemente inspirados en la promoción de un nuevo orden económico internacional. Tras el abandono del tema a principios de los años noventa del siglo XX, este sería retomado al iniciarse el XXI. Esta vez, el eje alrededor del cual giraría el tratamiento del tema serían los Derechos humanos y las posibles violaciones de estos por parte de las empresas. En este contexto, se ha valorado instituir un régimen de responsabilidad internacional penal que vincule a las empresas que cometan violaciones. No obstante, la idea permanece como una propuesta de lege ferenda.

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Existen diversas posturas, tanto en la doctrina como en pronunciamientos de organismos internacionales, que destacan la influencia negativa de la corrupción en la vigencia de los derechos humanos. No obstante, la mayoría de estas posiciones son imprecisas y corren el riesgo de permanecer en el plano meramente discursivo. El objeto de este trabajo es determinar un nexo jurídicamente relevante entre el acto corrupto, el incumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos y el perjuicio ocasionado a las víctimas. Para ello se recurre a la doctrina de la imputación objetiva del derecho penal y a las disposiciones sobre responsabilidad estatal por el hecho internacionalmente ilícito. Se analiza también la responsabilidad estatal por omisión de medidas anticorrupción.

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La globalización de la economía ha traído numerosas consecuencias tanto en la forma de producción de bienes y servicios como en su regulación. Los nuevos actores económicos adquieren cada vez una mayor importancia en la regulación del mercado, cumpliendo funciones normativas de manera previa y, en otros supuestos, de forma paralela a la actividad de regulación del Estado. Este nuevo contexto económico y normativo debe ser aprehendido por el derecho penal si se desea mantener vigente la función de protección de bienes jurídicos. Para ello se deberá tomar en cuenta la forma cómo se disciplina la participación de las personas en sociedad y el principio de realización de un comportamiento de riesgo relevante por parte de quien es competente por evitarlo como fundamento de la atribución de responsabilidad penal.

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La evolución de la delincuencia a lo largo de a la historia ha provocado el desarrollo de innumerables teorías, pero siempre dejando al margen lo que hoy definimos como delincuencia de cuello blanco.

Este abandono de las ciencias penales y la criminología ha desembocado en la ausencia de presupuestos teóricos en los que justificar las medidas para estos delitos. La falta de conexión entre esta delincuencia y sus características propias con el resto de las modalidades delictivas, ha propiciado que se formulan críticas en relación con la viabilidad de aplicar los mismos procedimientos y penas formulados para otras figuras. Estas inconexiones entran en confrontación con los fines de la pena y se discute si la formulación de la pena de prisión es compatible con los delitos de cuello blanco o si por el contrario genera mayores consecuencias que beneficios, no solo personales para el sujeto, sino también sociales.

PALABRAS CLAVE

RESUMEN

Las propuestas de las investigaciones de LLobet Rodríguez sobre el garantismo constitucional en Beccaria y el principio de proporcionalidad podrían haber influenciado en la actualidad a la hora de afrontar nuevos proyectos de investigación en la doctrina penal sobre la criminalización de los discursos del odio. Así, en estos casos, vemos como parte de esa visión se termina manifestando en los estudios críticos contra las reformas actuales. Con este artículo queremos mostrar la existencia de esa relación y sus posibles implicaciones analizando a diversos autores, y comparando sus propuestas doctrinales.

RESUMEN

El actual artículo 22,4ª CP español contempla la denominada agravante por motivos discriminatorios, que recoge una serie de motivaciones relativas a la raza, etnia, orientación sexual, religión, enfermedad, etc. que permiten agravar la pena del delito al que aplican. Por su parte, la aporofobia como manifestación de odio o rechazo hacia la persona pobre (generalmente en situación de sinhogarismo) se revela hoy como una realidad social significativa y un problema de primer orden. Empero, el odio por razones de aporofobia no está actualmente contemplado entre el catálogo de circunstancias que refiere el precepto. En este trabajo se ofrecen diversos motivos para alentar a una futura reforma del art. 22,4ª CP que acoja también el odio al pobre como nuevo motivo agravante, desde una triple consideración: oportunidad político-criminal de la intervención, merecimiento y necesidad de pena.

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Este texto surgió de la admiración y curiosidad de dilucidar ciertas cuestiones de la criminalidad femenina y cómo esta es entendida por quienes la juzgan.

El motor de este trabajo es que un día leyendo la sentencia de la genocida Pauline Nyiramasuhuko observé que cuando había una mujer siendo juzgada por la comisión de crímenes internacionales, el análisis de sus acciones variaba y se centraba en circunstancias estereotipadas en función de sus características femeninas o características personales.

Los tribunales hacían un análisis de si era madre, si era “buena” madre, cuando al leer una sentencia en donde la persona imputada era de género masculino, su paternidad, por ejemplo, jamás era analizada.

Es por ello, que pretendo, a través de un diálogo con la criminología feminista, y a partir de la lectura de jurisprudencia de tribunales internacionales, entender, observar, discutir, analizar y muchos verbos más, cómo los tribunales juzgan a aquellas mujeres que violan ciertos tipos penales y cómo los estereotipos de género tienen lugar en las decisiones tomadas.

PALABRAS CLAVE

Mujer criminal, estereotipos de género, crueldad, tribunales, jueces

RESUMEN

La presencia en nuestro país de personas procedentes de culturas distintas a la nuestra ha supuesto la aparición de prácticas que, hasta ahora nos resultaban desconocidas. Muchas de estas prácticas han resultado especialmente problemáticas ya que su realización implica la vulneración de algunos de los bienes jurídicos más importantes protegidos por nuestro ordenamiento. Tal es el caso de las mutilaciones genitales femeninas, prácticas vinculadas a determinados grupos culturales y que, tanto a nivel normativo internacional como en nuestro Derecho interno, son objeto de persecución penal por ser una práctica violenta y discriminatoria hacia mujeres y niñas. En este trabajo se realizará un análisis sobre la eficacia del delito de mutilaciones genitales desde su introducción en nuestro ordenamiento y se analizarán los pronunciamientos jurisprudenciales más importantes en los que se ha aplicado con el objetivo de establecer si la vía penal ha resultado eficaz en la detección y erradicación de esta práctica.

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Los modelos de tratamiento contemporáneos parten de una imagen antropológica del delincuente como un sujeto pasivo cuya conducta resulta de la confluencia de diversas necesidades criminógenas, que operarían como factores de riesgo. En consecuencia, las intervenciones que formulan se centran en eliminarlas o mitigar su influencia. Sin embargo, recientes propuestas abogan por un cambio paradigmático, consistente en motivar al individuo al cese de la delincuencia mediante el cultivo de sus fortalezas y metas personales. Dichos planteamientos pueden verse significativamente potenciados por la logoterapia, una psicoterapia basada en el principio de que la principal motivación humana es la de experimentar que la vida tiene sentido. Consideramos que la experiencia de sentido podría actuar como un importante factor protector que amortiguaría la influencia de los factores de riesgo personales, reduciendo la probabilidad de reincidencia.

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En los últimos meses se ha tramitado una iniciativa legislativa para la regulación de la eutanasia en España que implicará la despenalización de algunos supuestos que ahora están tipificados en el actual artículo 143.4 del Código penal. En este trabajo se analizan estudios realizados en los últimos 40 años sobre la percepción de la ciudadanía acerca de la eutanasia en España, con el objetivo de valorar si la población conoce cuál es el estado de la cuestión, si ha sido consultada respecto a posibles cambios legislativos y, en su caso, cuál es su opinión al respecto. Para ello, se recopilan datos procedentes de multitud de estudios demoscópicos existentes sobre el tema, se ponen de manifiesto las limitaciones metodológicas de algunos de ellos y, finalmente, se analiza si la iniciativa legislativa que se está tramitando actualmente aborda la cuestión en un sentido acorde con la opinión expresada por la ciudadanía.

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El fenómeno de la violencia de género, pese a la sensible juventud del concepto, no es una cuestión reciente, en cuanto a que la violencia sufrida por parte de las mujeres, por el hecho mismo de serlo, supone una manifestación de violencia tradicionalmente permitida, en absoluto novedosa. La transformación en este aspecto viene determinada por la preocupación internacional sobre el fenómeno, permeando asimismo en el panorama nacional, especialmente en el ámbito penal. Tras décadas de modificaciones legislativas es posible advertir que el Derecho penal, si bien necesario, no resulta satisfactorio, por lo que se promueve la revisión del tratamiento del fenómeno partiendo de una reconceptualización misma de su contenido.

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En este trabajo se somete a examen el artículo 525 del Código penal español, que sanciona las conductas de ofensa de los sentimientos religiosos. Comienza con un análisis detallado de cada uno de los elementos del precepto: las conductas típicas, los medios comisivos, el elemento subjetivo finalista y la penalidad, entre otros aspectos. Tras ello, se estudian someramente las resoluciones (autos y sentencias) a las que se ha tenido acceso. Por último, finaliza este trabajo con unas breves valoraciones (toma de posición) a modo de conclusiones.

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Mediante un modelo de regresión logística, se analizó una muestra de policías agredidos durante el año 2019 (n = 3.305) con el fin de explorar las dimensiones de riesgo personales, situacionales, y organizacionales que más se asocian con la probabilidad de resultar herido en un desencuentro con el público. Nuestros resultados sugieren entre varios factores que responder a procedimientos relacionados con la interrupción de riñas callejeras, la aprehensión de personas, y el auxilio a víctimas de violencia de género son los procedimientos que involucran mayor probabilidad de sufrir lesiones. El mismo efecto se evidencia cuando el incidente acontece en zonas con altos índices de asaltos y cuando el número de agresores supera la unidad. En contraste, la probabilidad de ocurrencia de agresiones con heridas disminuye cuando el oficial de policía acude a una emergencia solicitada directamente por la ciudadanía y el victimario no emplea ningún tipo de arma. La interdependencia entre actores es discutida al final.

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En la legislación penal panameña se reconoce la tutela penal de la libertad e integridad sexual, en el delito de violación, que tras la reforma penal del Código Penal del 2007, mediante Ley 21 de 20 de marzo de 2018, se aprecia un exagerado casuismo e imprecisión, y la violación comprende el acceso carnal, el acceso sexual y la violación a la inversa, con exagerado casuismo y numerosas agravantes. La violación difiere de otros delitos sexuales como son el acceso sexual con ventaja, que reemplaza al delito de estupro, y los actos libidinosos, pues en este puede haber o no consentimiento de la víctima, en otro caso en los actos libidinosos hay ausencia de acceso carnal o sexual con el sujeto pasivo, y tienen como elemento común que son delitos de propia mano.

RESUMEN

En el presente trabajo se realiza un análisis sobre los conceptos de «violencia contra la mujer» y «violencia de género contra las mujeres» adoptados por el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, respectivamente. Luego se efectúa un estudio dogmático de los tipos penales de femicidio y demás delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, para posteriormente determinar si en verdad existe una tutela penal de la violencia de género, o, por el contrario, se trata de una regulación penal de la violencia intrafamiliar o doméstica.

RESUMEN

En Argentina al menos 3609 personas perdieron la vida en manos de la fuerza de seguridad entre 1996 a 2018. Si bien existen multiplicidad de trabajos sobre la letalidad policial, la mayoría se encuentran en el campo de la sociología y la antropología, en lo que respecta a doctrina jurídica son escasos los trabajos recientes. Como contracara, el número de casos que quedan impunes es abrumador, generando un nivel importante de desprestigio y desconfianza sobre el poder judicial desoyendo la demanda de víctimas y la sociedad en su conjunto. La ineficacia de ese accionar responde muchas veces a creencias y posicionamientos de operadores judiciales como a la falta de herramientas teóricas. Por ello, el trabajo buscará contribuir en la construcción de herramientas jurídicas, a través del análisis jurisprudencial y de normativa internacional y nacional, que permitan el juzgamiento de estos casos reduciendo los índices de impunidad.

PALABRAS CLAVE

RESUMEN

El propósito de esta ponencia es determinar en qué forma los aportes de las neurociencias pueden ser empleados, como categorías de rendimiento, al momento de resolver cuestiones vinculadas con la inimputabilidad penal. Con tal cometido partiré de la fórmula legislativa del Código penal argentino vigente; precisando cuál es el sistema que adopta y vinculando esa regulación con el tratamiento que la doctrina científica y judicial viene dando en relación a ciertos aspectos de la inimputabilidad (en especial: comportamiento antisocial, lesiones cerebrales y psicopatía; comprensión de la criminalidad del acto a través de la integración de lo emocional); para ver cómo aquellas perspectivas (las de las neurociencias), pueden ser de significación para actualizar concepciones dogmáticas, que se han desarrollado a partir de nociones psiquiátricas de cierta obsolescencia. Finalmente, analizaré la propuesta de reforma, respecto de la imputabilidad, a través del proyecto de 2012, intentando ver si aquéllos aportes han encontrado alguna proyección en este documento.

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La violencia de género es considerada en la actualidad uno de los más graves atentados contra los derechos humanos. Con el objetivo de erradicar esta forma de criminalidad, los Estados han de ostentar un rol activo y preponderante. Sin embargo, aquello que en un principio parecía formar parte de la voluntad particular de cada Estado, es hoy una obligación de dimensión internacional y, en su caso, europea, sometida a responsabilidad en los casos de omisión o negligencia en el cumplimiento de sus deberes. España, como integrante de la comunidad internacional y europea, está llamada a posibilitar los canales de promoción de derechos de las mujeres, en general, y de protección de las víctimas, en particular. Se justifican así las propuestas de reforma de los últimos tiempos y las recientes sentencias nacionales que atribuyen responsabilidad a órganos de la administración pública española por errores en la respuesta a casos de violencia machista.

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El uso de menores de edad en conflictos armados, por grupos bélicos o terroristas, en concreto de corte yihadista, cuyo reclutamiento se ha visto favorecido, en los últimos años, por los avances de las nuevas tecnologías y las redes sociales es objeto de estudio en este trabajo. Se centra en las niñas combatientes, un sector cuyo papel ha sido tradicionalmente escaso, relegado a un segundo plano, mientras que, en la actualidad y en el futuro se ve reforzado por su condición de nativas digitales.

Se estudian dos cuestiones esenciales: por un lado, los mecanismos de captación y reclutamiento de menores de edad y su problemática jurídica y, por otro, los instrumentos para hacer frente a esta situación, poniendo de relieve los mecanismos, tanto de corte organizativo, como los de matiz jurídico, que se encuentran entre las prioridades no sólo de la Unión Europea, sino también de la sociedad internacional.

RESUMEN

Debido a su propia naturaleza, las prisiones han sido visualizadas desde la literatura especializada como “espacios aptos” para la radicalización yihadista. Por otra parte, aunque en menor medida, estas también han sido concebidas como “espacios de oportunidad” donde promover la rehabilitación y la reinserción social de los sujetos condenados por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista. Precisamente, el objetivo de este artículo es examinar cómo ha enfrentado la política penitenciaria española esta doble problemática. En este sentido, se argumenta que, paradójicamente, la priorización absoluta de la seguridad frente al tratamiento ha conducido a un escenario más inseguro.

RESUMEN

A lo largo de la historia, la sociedad ha generado diferentes fórmulas con idea de solucionar los conflictos surgidos en su seno. Actualmente, nos encontramos en un momento en el que se están revitalizando los instrumentos restauradores, a través del impulso de los postulados victimológicos, que muestran la necesidad de otorgar cada vez más protagonismo a la víctima y a la comunidad.

Sin embargo, este impulso ha encontrado un importante freno en el ámbito de la violencia de género. El legislador ha decidido prohibir la posibilidad de mediación penal ante este tipo de criminalidad. Esta limitación tiene el objetivo de proteger a la mujer como víctima, pero obvia los posibles beneficios derivados de esta herramienta. Así pues, con la precaución debida, dado el objeto de estudio, en estas líneas se reflexiona sobre los posibles efectos en la mujer víctima y victimizada.

RESUMEN

Las niñas desvinculadas del conflicto armado presentan unas características y necesidades propias derivadas de su condición de menor y mujer, lo que puede situarles en una posición de especial vulnerabilidad. Los instrumentos jurídicos internacionales recomiendan que estas particularidades sean tenidas en cuenta en cada una de las fases de los procesos de Desarme Desmovilización y Reinserción.

Este artículo tiene por objeto analizar el Proceso administrativo de restablecimiento de derechos, enmarcado en la fase de Reinserción, en el caso de niñas desvinculadas de grupos armados ilegales en Colombia desde la perspectiva de su redacción en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Ley 1448 de 2011 de Víctimas de Conflictos Armados. El análisis persigue verificar si este posee o no perspectiva de género que tenga en cuenta las especificidades y necesidades propias de las niñas así como plantear propuestas de mejora al respecto.

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El presente trabajo revisa la corrupción del sistema de ejecución penal ecuatoriano, buscando generar una crítica constructiva que permita el debate sobre la relación de la corrupción sistémica, transparencia y las políticas públicas empleadas con los modelos de gestión penitenciarios, en especial con la población migrante. Es así como se establece el caso de A. Strippoli, migrante venezolana que denuncia ciertas irregularidades en el CRS de la ciudad de Latacunga, tras permanecer recluida tres meses antes de ser favorecida con la suspensión condicional de la pena.

RESUMEN

El sentimiento de inseguridad -que constituye desde el año 2009 el principal problema del país- ha promovido un conjunto de demandas en la opinión pública, siendo las mismas canalizadas por algunos sectores políticos y orientadas hacia una profundización de la persecución penal. La particularidad del caso uruguayo es que las reformas propuestas apelaron en los años 2014 y 2019 al recurso plebiscitario por iniciativa popular con el objetivo de incorporar modificaciones a nivel de la Constitución de la República. Las derrotas de estos proyectos no impidió que la nueva administración conservadora aprobara en julio de 2020 una agenda punitiva mediante un recurso constitucionalmente previsto, pero excepcional: la Ley de Urgente Consideración (LUC).

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Durante los últimos años, el deporte ha sido un lugar en el que se han desarrollado conductas corruptas, por lo que debe contemplarse la intervención del Derecho Penal. El legislador ha introducido, al igual que ocurre en el caso español, el delito de fraudes deportivos como una respuesta dirigida a aquellos sujetos que participan en la alteración fraudulenta del resultado de las pruebas o encuentros deportivos. Sin embargo, pese a la existencia de los primeros pronunciamientos judiciales y condenas, existen numerosos interrogantes que deben ser esclarecidos, máxime para la implantación de un marco preventivo de estas conductas en el deporte.

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Desde su aparición, los antecedentes penales representan un infranqueable muro que impide la reintegración social del condenado y pese a la contradicción frente a los fines de la pena, se ha admitido su incorporación con una función informativa respecto a la peligrosidad criminal que se manifiesta como una circunstancia que agrava la responsabilidad penal a través de la reincidencia delictiva; no obstante, también se establecen mecanismos para limitar los efectos de estas anotaciones por medio de la cancelación de antecedentes penales, de modo tal que, dichas consecuencias posteriores al cumplimiento de la condena se encuentran limitadas por un factor temporal. Sin embargo, en la actualidad parece que el «valor purificador del tiempo» ha perdido significancia, observándose la tendencia de ampliar o mantener de forma permanente los efectos que generan los antecedentes penales.

RESUMO

As responsabilidades parentais são definidas na Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) como: "todos os direitos, deveres, poderes, responsabilidades e autoridade que por lei são conferidos aos pais em relação à criança e aos seus bens". A Lei de Promoção e Protecção declara que qualquer criança que "esteja sujeita, directa ou indirectamente, a comportamentos que afectem seriamente a sua segurança ou equilíbrio emocional", o que inclui a exposição à violência doméstica, pode ser sujeita a uma medida de promoção e protecção para assegurar os direitos e a protecção da criança e/ou do jovem em risco. É essencial que o Estado considere a importância de medidas restritivas por parte do progenitor infractor, a fim de assegurar que as crianças que são vítimas de crimes no contexto familiar possam crescer plenamente integradas numa sociedade que tem uma preocupação crescente com a justiça social e os direitos humanos. É essencial que o Estado considere a importância de medidas restritivas por parte do progenitor infractor, a fim de assegurar que as crianças que são vítimas de crimes no contexto familiar possam crescer plenamente integradas numa sociedade que tem uma preocupação crescente com a justiça social e os direitos humanos.

RESUMEN

En el presente trabajo se reflexiona sobre el consentimiento en el tratamiento médico penitenciario, especialmente cuando forma parte del contenido de la medida de seguridad impuesta a sujetos declarados inimputables o semiimputables en el proceso penal, pues se trata de personas con una clara incapacidad para consentir que requieren un tratamiento particular.

RESUMEN

El derecho a la intimidad consagrado en el artículo 18.1 de la Constitución Española ha sido objeto de protección por el Código Penal de 1995 desde su creación. El desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación han permitido la aparición de nuevas injerencias ilegítimas a este derecho fundamental, como es el caso del sexting. Frente a las modificaciones y las demandas sociales, el legislador reforma Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para adaptarla a las nuevas dinámicas sociales, en ocasiones, no con un resultado favorable o coherente. El objetivo de este trabajo es comprobar la coherencia entre las prácticas de sexting que tienen lugar entre los sujetos y la redacción de la conducta típica recogida en el artículo 197.7 del Código Penal. El análisis refleja falta de coherencia entre la redacción de la norma en relación a características básicas de las dinámicas de sexting.

RESUMEN

La naturaleza jurídica de la denominada responsabilidad civil “ex delicto” es una cuestión que se considera mayoritariamente zanjada no cuestionándose su naturaleza civil. En el código penal español conviven dos conceptos de reparación: uno civil y uno estrictamente penal. Aunque el concepto civil pueda formar materialmente parte del concepto penal de reparación, defendemos que el concepto penal de reparación es sustancialmente diferente. Este último consiste en un “actus contrarius” que se identifica con la voluntad reparadora.

RESUMO

Nos últimos anos, com o desenvolvimento das tecnologias, surgiram novos tipos de violência - cyberbulling, gromming, assédio sexual - que suscitam uma preocupação com o nível de impacto das redes sociais na sociedade. O objetivo deste estudo foi avaliar as características das vítimas, dos/das agressores/as, as estratégias utilizadas e seu impacto na vida das pessoas, por meio de uma pesquisa online. A amostra é constituída por 543 participantes: 462 mulheres e 81 homens, onde todos referem utilizar as redes sociais. Os resultados mostram que 51,7% das pessoas relatam ter sido vítimas de assédio sexual nas redes sociais digitais, principalmente mulheres, jovens e estudantes. Embora as vítimas considerem que os comportamentos perpetrados sobre elas são perturbadores e as afetam negativamente, essa preocupação não se deve ao aumento do número de pedidos de ajuda e denúncia. Nesse sentido, é imprescindível o estabelecimento de medidas preventivas e alertar para a denúncia.

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar los derechos que deben ser garantizados en todo proceso penal y en qué medida pueden verse comprometidos con la utilización del sistema de videoconferencia. A la vista de ello, se aportarán razones en apoyo al uso de los medios tecnológicos necesarios para hacer posible los juicios telemáticos porque, como veremos, es jurídicamente posible y podría suponer un primer paso hacia los juicios íntegramente telemáticos con pleno respeto a los derechos y garantías de las partes en el proceso penal.

Tras dicho análisis expondremos unas conclusiones provisionales, pues en este trabajo no es posible analizar todos los aspectos a tener en cuenta como pueden ser los aspectos económicos, sociales, políticos, etc. Además, aún son muchos los retos que quedan pendientes para afrontar en el futuro si queremos hacer de esta herramienta un básico en la Administración de Justicia y que convendría analizar en otros trabajos posteriores. Al fin y al cabo, se trata de que cada juicio telemático que se celebre sea mejor que el anterior y no desaprovechemos esta oportunidad.

RESUMO

A teoria do garantismo penal estabelece critérios de racionalidade para a intervenção penal, legitimando a intervenção penal do Estado com base na ideia de limitação do poder punitivo. No Brasil, alguns posicionamentos doutrinários têm revisitado a teoria do garantismo de Luigi Ferrajoli e acabam produzindo uma inversão ideológica do discurso, a fim de alcançar resultados contrários aos princípios propostos na teoria, e que resultam na mitigação de garantias do acusado ou investigado dentro do processo penal. O estudo analisa como esse posicionamento tem se manifestado na jurisprudência brasileira, em especial no Supremo Tribunal Federal, constatando que, embora não exista referência expressa a essas teorias antigarantistas, existem sinais de que se começa a aceitar essa perspectiva, por conta de posicionamentos de julgadores com racionalizações em tal sentido. A adoção de posicionamentos que mitiguem garantias processuais em favor da proteção de interesses coletivos é, em realidade, um discurso antigarantista e que acaba reforçando um sentimento de insegurança pública.

RESUMEN

El derecho al proceso sin dilaciones indebidas puede verse distorsionado cuando nos encontramos ante procedimientos de larga y compleja tramitación en los que intervienen múltiples acusados. ¿Qué ocurre si este derecho al proceso sin dilaciones indebidas se pone en tela de juicio ante el Tribunal Supremo cuando de un macroproceso se trata?

Ello será objeto de estudio a través del análisis pormenorizado de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Segunda) 507/2020, de 14 de octubre, donde, inter alia, se tratan las dilaciones indebidas sufridas por los acusados de la denominada primera época de la Trama “Gürtel” (desde el año 1999 hasta 2005).

En el presente trabajo, se realiza en primer lugar un estudio doctrinal y jurisprudencial sobre el derecho al proceso sin dilaciones indebidas. Tras ello, se valora la fundamentación del Alto Tribunal con respecto a la inexistencia de la atenuante de dilaciones indebidas. Y, por último, se expondrán unas breves conclusiones que pueden extraerse del estudio realizado en este artículo.

RESUMO

O presente artigo pretende averiguar por que o uso do standard de prova proof beyond a reasonable doubt (BARD) no panorama brasileiro pode apresentar um risco potencial à garantias processuais. Para tanto, propõe-se a análise do uso do standard de prova BARD no âmbito de sua concepção para, então, passar à análise da adaptação brasileira. Em linhas gerais, o que se pretende através de exemplos práticos que se valeram da referência ao standard BARD no contexto brasileiro é demonstrar como o empréstimo de institutos de direito estrangeiro com base em uma matriz teórica que desconsidera elementos que diferenciam sistemas jurídicos pode ser problemático, gerando falhas consideráveis no que diz respeito à representação do direito estrangeiro, o que poderia ser evitado caso se adotasse uma diferente premissa na lida com o Direito Comparado, como se dispõe a propor.